La venta de oro, el subsidio cambiario y la sobrefacturación de las importaciones han sido mecanismos generadores de renta para diversas facciones que hacen vida dentro y fuera del Gobierno local. Particularmente, la sobrefacturación consiste en reportar compras de bienes producidos en el exterior por un monto superior al efectivamente importado, ya sea porque se elevó “artificialmente” su valor mediante mayores precios o se registró una cantidad superior a la real.
La sobrefacturación se aproxima al comparar los datos publicados por el Banco Central de Venezuela (BCV) y “Trade Map (plataforma que recopila datos “espejo” de nuestras importaciones de más de 108 países[1]). Aún con las potenciales imprecisiones en el cálculo derivadas de las fallas de información por parte de los socios, los datos revelan que, entre 2013 y 2018, Venezuela ha presentado una sobrefacturación promedio de USD 3.535 millones. Dicho mecanismo parece haber aumentado su importancia en 2018, representando 33,3% del total de las importaciones no petroleras, 18,8 puntos porcentuales mayor a la proporción promedio de los cinco años anteriores. No obstante, ambas fuentes indican caídas acumuladas de las importaciones no petroleras en los 6 años estudiados, de 74,0% por el BCV y 77,0% por el “Trade Map”.
La sobrefacturación de importaciones ha sido uno de los principales mecanismos de repartición de rentas, sobretodo desde el inicio del control cambiario impulsado por el chavismo. Por otro lado, al estar basado en una actividad lícita (importar bienes y servicios) este tipo de transacciones se consideraba “normal” dentro del espectro comercial venezolano, con un impacto adverso en el uso eficiente de los fondos en divisas. En tal sentido, con unos recursos en dólares cada vez más escasos, este mecanismo entorpece en gran medida el efecto de la actividad importadora sobre la generación interna de bienes y servicios. Las prácticas del pasado nos pasan facturas cada vez más costosas.
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