#Graficodelasemana: ¿Traición a si mismo?

En días pasados, veíamos como el tipo de cambio en Venezuela (en cualquier de sus formas) se sumergía en una nueva vorágine de crecidas consecutivas a nivel semanal. Aún cuando en términos interanuales, los marcadores cambiarios todavía no muestran un crecimiento superior al máximo valor visto en el año (contenidos aún por el deterioro real impuesto por la pandemia), el precio no oficial de la divisa acumuló una expansión de 46,6% en solo tres semanas, desde mediados de octubre hasta principios del mes de noviembre.

Además de la mayor incertidumbre que ha reinado en los últimos días en nuestro mercado, relativo a los cambios (ciertos o no) sobre el salario mínimo, sobre la intención del Ejecutivo de autorizar una flexibilización más sostenida de la actividad comercial local, y lo relativo a los venideros (y casi inevitables) episodios de escasez de gasolina, un elemento que pareció alterar la dinámica cambiaria local en los últimos días fue la inusual, pero no inesperada, inyección de recursos por parte del Ejecutivo.

Así, las semanas iniciales de noviembre se han visto marcados por unas transacciones interbancarias con montos cada vez más elevados, (hasta USD 37 millones en la primera semana de ese mes), y un recorte drástico de tasas, lo cual es una señal inequívoca de intervenciones del BCV en tales transacciones, ya sean directas o bajo órdenes de pago emitidas de entes oficiales.

Tras estas acciones, la cantidad de dinero emitida por el BCV (base monetaria o dinero primario) se expandió 22,2% en términos reales durante la semana al 6 de noviembre (respecto a la semana previa), convirtiéndose así en el mayor incremento visto en el agregado desde inicio de 2019, cuando el salario mínimo fue triplicado en un mes. Aun en ausencia de información oficial sobre el origen de tal inyección, la marcada dolarización en la que aún el mercado venezolano se ve inmersa, además de la persistencia del cuadro hiperinflacionario local y de la caída de la actividad económica local con las contramedidas oficiales al avance del COVID-19, permiten suponer que tal incremento proviene expresamente de pagos del Estado a sus empleados propios de estas épocas, avivado además por los venideros procesos electorales legislativos convocados para las próximas semanas.

Ello supuso un cambio radical en la postura del Gobierno respecto a su gasto, no solo relativo a lo visto los últimos meses sino a su propia postura desde 2018. Recordemos que, desde mediados de ese año, con el inicio del denominado Plan de Recuperación y Prosperidad Económica el Gobierno de Nicolás Maduro daba comienzo a un marcado recorte en sus desembolsos, incluyendo pago de bonos directos, cese de importaciones y un congelamiento de salarios implícitos en su nómina de empleados.

Claramente, dicho cambio parece denotar la ausencia crónica de alternativas por parte del Gobierno para manejar la actual crisis, dejándolo sin más opción que emplear la fuente de financiamiento más costosa no solo para la población local, sino para sí mismo y para sus objetivos políticos de corto plazo, a fin de frenar las secuelas de una pandemia que, al parecer, no acabará pronto. Con el colapso sostenido de los ingresos petroleros y sin acceso a endeudamiento externo, a la gestión de Maduro parece no quedarle otra que abandonar su disciplina fiscal en los meses por venir, traicionando “a ratos” los objetivos trazados por él mismo desde 2018.