Desde la aparición del COVID-19 y su escalada a nivel global, muchas naciones han emprendido una serie de ajustes en el ámbito fiscal y monetario para intentar mitigar parte del daño en sus mercados producto de la pandemia. Además de las acciones públicas orientadas a proteger el consumo local y mitigar los impactos en materia laboral de las medidas de confinamiento oficial, muchos reguladores en el mundo han impulsado cambios en el mercado monetario, temerosos de que este nuevo choque genere similares contracciones en el crédito que las vistas durante la crisis subprime.
La región Latinoamérica no ha sido la excepción. Países como Colombia, Brasil y Perú han aplicado en las últimas semanas recortes sucesivos en las tasas de interés de referencia y mejoras en los mecanismos de dotación de liquidez al sistema financiero local, a la par de flexibilizaciones en los esquemas tributarios y en las metas presupuestarias, acompañados por anuncios de diversos paquetes de estímulos fiscales a ser aplicados a medida que la pandemia escale con mayor vigor. No obstante, a la espera de una mayor expansión del virus por la región (dada la tendencia reciente en los nuevos contagios), América Latina parece estar más desprovista del “espacio” fiscal y monetario necesario para seguir realizando este tipo de ajustes con el menor costo económico posible, si la comparamos con algunos de los mercados avanzados que han asumido una postura similar.
Si miramos las condiciones de la región en estos ámbitos entre 2018 y 2019, algunas economías como Bolivia, Uruguay, Brasil y Argentina mostraban un elevado déficit fiscal e inflaciones relativamente mayores (o muy altas, en el caso de Argentina) a lo mostrado en la zona euro o en el Reino Unido, aunque relativamente equiparables con EE UU solo en materia fiscal. Incluso China, primer gran afectado por el virus, mostraba similares condiciones en el ámbito público y de precios. Al mismo tiempo, el grado de monetización de esos mercados (escalado por el tamaño de los círculos en el gráfico) también era mayor que los de sus pares europeos, al igual que en otros países con menor inflación, pero con déficits más elevados como Chile, Colombia, México y Paraguay (en menor medida). Por el contrario, Perú se mostraba con menos limitaciones, en términos del dinero en circulación, déficit e inflación, mientras que Venezuela (imposible de graficar) carece completamente de espacio para un mayor “estímulo”, producto de una inflación de casi 300% en los primeros cinco meses del 2020 y a pesar de operar en un entorno monetario que, muy probablemente, no sobrepase el 1% del tamaña de nuestra economía.
Todo lo anterior indicaba que las economías de la región partían el año 2020 con un entorno fiscal y monetario que, de aplicarse políticas de corte expansivas (aumentos del gasto público o una mayor inyección monetaria), los desequilibrios resultantes presionarían aún más el alza de precios en el mediano plazo, elevando el costo de tales acciones. En tal sentido, el COVID-19 ha forzado la renuncia parcial al objetivo anti-inflacionario de algunas economías locales, producto del poco grado de acción que el pasado fiscal y de precios les brinda a los hacedores de política de la región. A falta de espacio, el cuarto parece llenarse de agua cada vez más rápido para Latinoamérica.
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