
Durante los últimos años, el ciclo favorable de los altos precios del petróleo permitió al Gobierno llevar a cabo una política fiscal expansiva y financiar el crecimiento del aparato del Estado; sin embargo, pese a la persistente caída de los precios petroleros, el Gobierno no ha dejado a un lado la expansión del gasto y mantiene al país en un déficit que se repite por décimo año consecutivo. Hasta ahora, el Gobierno ha intentado solventar los problemas mediante medidas como una reforma fiscal que eliminó el ajuste por inflación, el aumento de las alícuotas de ciertos impuestos (alcohol y cigarrillos), implementación del impuesto a grandes transacciones financieras, devaluación del tipo de cambio y el aumento del precio de la gasolina (aún por debajo de su costo de producción), que no atienden ni la mitad de las complicaciones existentes. Sería razonable asumir que, en el contexto actual de caída de ingresos, el Gobierno aplique ajustes en el sector fiscal, pero como en todo lo referente a política económica, han sido ajustes desordenados y con impacto limitado. Si el Gobierno realmente quiere lograr un balance fiscal apropiado para una economía petrolera en crisis, debe optar por mayor disciplina fiscal, redistribuir de mejor manera los ingresos y focalizar los subsidios de forma progresiva para mejorar la eficiencia de los gastos. Esto último representa uno de los retos más grandes para el Gobierno, sobre todo por la actual coyuntura política, en la cual se ve en peligro su continuidad; por consiguiente, se prevén aumentos desmedidos del gasto, continuidad de los subsidios y ningún aumento de impuestos como estrategia frente a la adversidad a la cual están inmersos. En otras palabras, es poco probable que en lo que resta del año el escenario fiscal mejore. |