El pasado 30 de diciembre el presidente Maduro anunció la promulgación de la reforma a la Ley de Impuesto sobre La Renta (ISLR) y la Ley de Impuesto a las Transacciones Financieras, buscando aumentar la recaudación fiscal, impedir la evasión de impuestos y “garantizar los bolívares” para el desarrollo de la economía y de los planes de 2016.

Con la reforma se modificó el Decreto de Ley de ISLR incrementando la alícuota máxima anual para los enriquecimientos netos provenientes de actividades bancarias, financieras y de seguros; suprimiendo las rebajas de impuesto por nuevas inversiones en actividades industriales, de construcción y tecnológicas, y eliminando el ajuste por inflación para el pago del impuesto de los sujetos pasivos. Con estas reformas, el Ejecutivo estima duplicar su ingreso por ISRL; sin embargo, en Ecoanalítica opinamos que este ajuste hará poco por sanear las cuentas fiscales del Gobierno pues el ISLR no petrolero ha representado en los últimos años el 24,8% de la recaudación total y en su mayoría se compone de impuestos indirectos como el impuesto al valor agregado (IVA).

Además, las personas naturales han sufrido un incremento indirecto del ISLR pues el Gobierno ha optado por incrementar el número de unidades tributarias en sus gravámenes en lugar de ajustar el valor de la unidad y así incrementar la base imponible de las personas naturales.

Por otro lado, se anunció la creación del impuesto a las transacciones financieras que grava las grandes transacciones de personas jurídicas que estén calificados como “sujetos pasivos especiales” por 0,75% del monto de la transacción.

En suma, Venezuela enfrenta una dura perturbación externa, exacerbada por los desequilibrios internos, como una inflación galopante, y el Ejecutivo nacional sigue aplicando medidas económicas incompletas, exigiéndole al sector privado que se apriete el cinturón sin que el sector público termine de realizar los ajustes necesarios y aplique medidas de austeridad en su propio patio.