Las actuales condiciones de la economía venezolana destacan la necesidad de una gestión que asuma un rol más coherente en su política económica. Para ello, es necesario que el poder Ejecutivo aumente su gobernabilidad, es decir, la forma en la que ejerce poder y coopera con el sector privado. Esto le permitiría administrar con mayor eficiencia sus recursos, y emprender acciones que generen un cambio significativo en lo económico y social.
El índice de transformación de Bertlesmann, empleado por entes multilaterales como el Banco Mundial, estudia la estabilidad democrática de los países en vía en desarrollo a través de dos parámetros: su gobernabilidad y su estatus económico y social. Según el índice, América Latina tiene una gobernabilidad y estatus promedio de 6,53 y 5,50 sobre 10, respectivamente. Venezuela, por su parte, se encuentra en los puestos más bajos de la región para ambos parámetros, con 1,86 y 3,47.
Los resultados también muestran que un alto nivel de gobernabilidad suele estar acompañado de una elevada estabilidad económica y social. Ello supone que no solo basta con elegir el set adecuado de políticas para promover un mejor desempeño económico. También sería importante establecer mecanismos que regulen la gestión política y que promuevan una mayor cooperación de ésta con el sector privado. A la luz de tales resultados, parece que a Venezuela le falta un largo camino por recorrer en tales ámbitos.
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