La recién nombrada ministra de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez (quien también ostenta el cargo de vicepresidenta Ejecutiva) anunció el pasado 15 de septiembre que buscarían alcanzar con los tenedores de bonos de la República, y de las empresas estadales Pdvsa y Electricidad de Caracas un “acuerdo de interrupción” de los pagos de interés y capital correspondientes. En otras palabras, el Ejecutivo muestra un nuevo interés por renegociar o elevar los plazos de pago de su elevada deuda con los acreedores externos.

Sin tomar en cuenta las limitaciones legales que enfrenta el Gobierno de Nicolás para llevar a cabo este tipo de negociaciones (vinculadas a su reconocimiento en las instancias legales que regulan los instrumentos a negociarse, además de las sanciones por parte de EEUU), esta decisión surge exclusivamente, a palabras de la ministra, de la imposibilidad por parte de la República de honrar estos compromisos en medio se debe a las sanciones que impuso el gobierno de Estados Unidos sobre el país.

Sin embargo, también se deben tomar en consideración el manejo histórico del propio Ejecutivo en la gestión financiera de su balance. A partir de 2009, se inició un proceso de sobreendeudamiento de la República poco cónsono con los buenos resultados de nuestra economía en el ámbito externo, en el que el stock de deuda externa se incrementaría en 52,7%, las reservas internacionales promediaban USD 36.305 millones en los últimos 4 años y las exportaciones se ubicaban en USD 58.518 millones. Con ello, el nivel de deuda pasaría de representar el 62,5% de las exportaciones en 2008 al 156,6% en 2009.

Entre 2009 y 2014, aún con un incremento anual (promedio) de las Exportaciones en 6,7%, la deuda externa continuó elevándose en un promedio anual de 12,9%, conllevando a que, en 2014, los ingresos por exportaciones representaran un poco menos de la mitad de la deuda pendiente, en un período en que, además, las reservas internacionales comenzarían a ceder y descenderían al rango de los USD 20.000 millones. Es decir, hace 6 años ya se presentaban indicadores que advertían la posible insolvencia del Ejecutivo.

Con tal precedente, la probabilidad del incumplimiento del Gobierno con sus acreedores se elevó drásticamente con el progresivo deterioro en la actividad petrolera iniciado en 2015 (debido también a la marcada desinversión y fallas en el manejo operativo de esta actividad por parte del Estado) y con el colapso de los crudos a nivel global. Con ello, y aun con un mercado de deuda prácticamente cerrado para la economía local, el valor de la deuda externa llegó a ser más de seis veces el valor de los ingresos por exportaciones del país a finales de 2016, un nivel que se ha mantenido prácticamente sin cambios hasta la actualidad. En definitiva, para valorar el presente de nuestra economía, no se puede ignorar su pasado.